El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que la solicitud de consulta para determinar si se enjuicia a expresidentes es constitucional con 6 votos a favor y 5 en contra.
El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que la solicitud de consulta para determinar si se enjuicia a expresidentes es constitucional con 6 votos a favor y 5 en contra.

SCJN declara constitucional la consulta sobre juicio a expresidentes

Los dirigentes nacionales del Partido Acción Nacional (PAN), Marko Cortés; del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Jesús Zambrano; y del partido Movimiento Ciudadano (MC), Clemente Castañeda, expresaron su rechazo a la consulta popular declarada como constitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para enjuiciar a expresidentes y actores políticos.

¿Cómo fue el voto de cada uno de los ministros?

-Arturo Zaldívar, ministro presidente: Constitucional 
-Juan Luis González Alcántara Carrancá: Constitucional 
-Margarita Ríos Farjat: Constitucional
-Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena: Constitucional
-Yasmín Esquivel Mossa: Constitucional 
-Alberto Pérez Dayán: Constitucional 

-Javier Laynez Potisek: Inconstitucional 
-Jorge Mario Pardo Rebolledo: Inconstitucional
-Fernando Franco González Salas: Inconstitucional
-Norma Piña Hernández: Inconstitucional
-Luis María Aguilar: Inconstitucional

Así fue la postura de cada uno de los ministros

Con mayoría simple de seis votos, la SCJN declaró constitucional la materia de la consulta popular para enjuiciar a los expresidentes, sin embargo, los ministros modificarán la pregunta planteada por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Durante una sesión, que duró más de dos horas, el Pleno de la Corte determinó que no existe prohibición constitucional para plantear una consulta para investigar o no los posibles delitos en los que pudieron incurrir los cinco últimos ex presidentes de México.

Los ministros Arturo Zaldívar, Margarita Ríos, Yasmín Esquivel, Alberto Pérez, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Juan Luis González Alcántara Carrancá, fueron quienes votaron en contra del proyecto presentado por Luis María Aguilar Morales, quien propuso declarar inconstitucional la materia de la consulta.

Mientras que Javier Laynez Potisek, Fernando Franco, Norma Lucía Piña y Jorge Mario Pardo Rebolledo votaron a favor de la propuesta de Aguilar Morales.

Durante el debate, los ministros Zaldívar, Ríos, Esquivel y Pérez Dayán definieron sus votos en contra del proyecto de Aguilar Morales.

"Cuando ejercemos la competencia revisora que la constitución nos asigna, debemos ser muy cuidadosos de no frustrar indebidamente los objetivos de una consulta", señaló el ministro Zaldívar.

Ríos Farjat consideró que el proyecto de Aguilar Morales interpreta de manera rígida y restrictiva el derecho a consulta popular y anula la búsqueda de alternativas para que la Corte replantee la pregunta.

Mientras que Gutiérrez Ortiz Mena y González Alcántara Carrancá señalaron que entendiendo una reinterpretación de la materia de la consulta, la misma es constitucional y por ello, votaron en contra del proyecto de Aguilar Morales.

El ministro Pardo afirmó que, de establecerse esta reinterpretación en la materia de la consulta podría declararse constitucional, pero finalmente definió su voto a favor del proyecto.

Laynez indicó que no comparte los argumentos de quienes se pronunciaron a favor de la consulta y quienes han pedido replantear la materia de la misma para ajustarla a la constitución.

"Los jueces constitucionales no somos nombrados para ser o para ganar popularidad, los poderes ejecutivo y legislativo sí", dijo Laynez

“En mi punto de vista este tribunal constitucional no puede ni debe avalar una consulta cuya materia es contraria a los derechos humanos”.

Piña Hernández enfatizó en que el debate de la Corte no es sobre el derecho de la ciudadanía a participar en las decisiones trascendentales.

"La materia de esta pregunta, a mi juicio, es inconstitucional", afirmó.

"Se pretende consultar si el estado debe cumplir con su deber de investigar el delito".

Una vez tomada la votación, el ministro presidente decretó un receso para que los integrantes del Pleno se reúnan de modo privado para discutir las modificaciones que pueden hacer a la pregunta planteada por el presidente López Obrador.

En las próximas horas reiniciarán la sesión pública para emitir su voto.

Arturo Zaldívar, presidente de la SCJN, se pronuncia a favor de la consulta popular sobre expresidentes

Al iniciar esta tarde en el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) el debate sobre la consulta popular solicitada por el presidente Andrés Manuel López Obrador para enjuiciar a expresidentes, el presidente del máximo tribunal, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea anunció su voto en favor de dicho ejercicio y en contra de un proyecto que propone rechazarla.

Al argumentar que consultar si los expresidentes deben ser enjuiciados, Zaldívar consideró que esto no viola los derechos humanos de los expresidentes, como la presunción de inocencia.

Lo que no podemos hacer es cerrar las puertas a la opinión ciudadana por temor a un escenario catastrófico de populismo penal. Los riesgos no se solucionan clausurando los debates, la libertad de expresión”, afirmó.

Aseguró que la consulta popular solicitada no vinculará a las autoridades a actuar o dejar de hacerlo en virtud de los resultados.

“Es claro que los efectos de una consulta sobre la política criminal, no podría tener efectos vinculantes para las autoridades, en el sentido de obligarlas a actuar o no en función de sus atribuciones”, aseveró. Sostuvo que hay consultas que pueden ser vinculantes y otras no.

Afirmó que se han hecho consultas en Argentina, Francia y Austria, “y en ninguno ha tenido efectos vinculantes. Se ha demostrado que pueden tener efectos importantes en la vida púbica”.

El Ministro Presidente de la SCJN dijo que la propuesta del presidente López Obrador “no viola los derechos”, porque “no se está sometiendo a consulta si deben violarse los derechos humanos”.

Desde su punto de vista, “la justicia criminal es sensible a la participación pública”, y la consulta es “un instrumento para acercar la política criminal a la sociedad”.

“Esto no significa que la justicia penal quede a merced de la opinión pública. La voluntad popular tiene límites y en ningún caso puede pasar por encima de los derechos fundamentes. De lo que se trata es transitar a un modelo de democracia más plural e incluyente.

“La consulta que se nos plantea no expone a nadie a nadie como culpable ni es sugestiva. La materia de la consulta no asume que las personas que menciona son responsables ni tampoco busca que la ciudadanía decida su culpabilidad. Lo que la consulta busca es simplemente si la ciudadanía está de acuerdo en las que las autoridades investiguen y en su caso sancionen su presunta responsabilidad en la comisión de delitos, conforme a las leyes y los procedimientos aplicables. Es falso que la consulta implique una exposición mediática estigmatizante y por tanto que pueda generar un efecto corruptor en las investigaciones que se realicen.

“No va provocar una presión desmesurada en las autoridades, pues éstas podrían sentirse obligadas, y que esto violaría la presunción de justicia. No podemos presumir que nuestras autoridades de impartición de justicia van a faltar a sus deberes constitucionales. Hacerlo implicaría deducir que son imparciales y carecen de integridad.

“La consulta tiene una finalidad constitucional: consistente en recabar el sentir social para reorientar la política criminal del Estado escuchando la voz de la ciudadanía”, refirió.

El Ministro Zaldivar afirmó: “no podemos obviar que los expresidentes son personalidades públicas, que ocupan una dimensión política e histórica en nuestro país y por tanto se convierten en interés para la deliberación pública.

Finalmente, dijo: “no advierto ningún impacto constitucional de la consulta (…) Esta Suprema Corte no puede coartar el derecho a la participación democrática a la ligera, so pretexto de evitarle a nuestras instituciones una tentación hipotética. Una tentación pensada desde la supuesta competencia de nuestras autoridades y desde la confianza en nuestro diseño constitucional”.

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