Hombres con máscaras de Carlos Salinas de Gortari, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto –todos ellos expresidentes de México– recorren algunos puntos de la Ciudad de México y otras urbes del país. Cuelgan mantas y reparten panfletos, historietas y volantes propagandísticos con la imagen de los exmandatarios y el hashtag #JusticiaSíImpunidadNo.
Son actos para promover la participación de la ciudadanía en la consulta popular que, de manera inédita, se llevará a cabo el 1 de agosto, encaminada a esclarecer hechos del pasado y procurar justicia a las víctimas.
La consulta, sin embargo, ha estado envuelta en polémica pues, en un inicio, estaba perfilada hacia saber si la población estaba de acuerdo en someter a juicio a los expresidentes por los delitos que hubieran cometido durante sus mandatos.
Fue el propio presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) quien, a pesar de sostener que él es partidario de “darle la vuelta a la página” y mirar hacia adelante, envió al Senado de la República (para que éste a su vez la sometiera a consideración de la Suprema Corte de Justicia) la solicitud de realizar una consulta popular con la siguiente pregunta:
“¿Está de acuerdo o no con que las autoridades competentes, con apego a las leyes y procedimientos aplicables, investiguen y, en su caso, sancionen la presunta comisión de delitos por parte de los expresidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto, antes, durante y después de sus respectivas gestiones?”.
Sin embargo, los ministros modificaron la redacción de la pregunta, al considerar que, así como estaba, violaba el principio de presunción de inocencia y violentaba la protección de datos personales, entre otros aspectos inconstitucionales.
La nueva redacción, aprobada por el máximo tribunal y a la que responderán quienes participen, quedó así:
“¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes, con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?”
La controversia: "La justicia no se consulta"
Sin importarles que la Corte haya corregido la pregunta y haya eliminado los nombres y las referencias a los antecesores de AMLO, algunos legisladores, dirigentes y simpatizantes del partido del Presidente, Morena, difunden entre la población la idea de que la consulta es para enjuiciar a expresidentes. A Carlos Salinas “por el fraude electoral de 1988”, a Ernesto Zedillo por el rescate a los banqueros en la crisis económica de 1994 conocido como “Fobaproa”, a Vicente Fox por la represión a protestas en una comunidad del Estado de México, conocida como ‘caso Atenco’; a Felipe Calderón por el saldo fatal de su llamada “guerra contra el narco”, y a Enrique Peña por el caso Ayotzinapa, la desaparición de 43 estudiantes normalistas en el estado de Guerrero, con la complicidad de policías vinculados al crimen organizado.
Los críticos de la consulta argumentan que para someter a rendición de cuentas a los exmandatarios, considerando que desde el momento en que concluyen su encargo dejan de tener inmunidad procesal, no se necesita preguntar a la ciudadanía, por el simple hecho de que la ley y la justicia no se someten a consulta, sino simplemente se aplican. Así, si hubiera un delito qué perseguir –y siempre que éste no haya prescrito– se puede y se debe investigar y, en su caso, castigar, y bastaría con que la Fiscalía procediera.
Además, para algunas de las víctimas la consulta, sobre todo si se insiste en enfocarla sólo en el juicio a expresidentes, se terminará convirtiendo en una cortina de humo para distraer la atención de la necesidad y el compromiso de garantizar justicia integral.
Es el caso del poeta y activista Javier Sicilia, a cuyo hijo asesinaron en 2011 junto con otros seis jóvenes y quien desde entonces encabeza el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad.
“No es juzgar a expresidentes, no es sólo aplicar la ley como manda la Constitución, es aplicar un mecanismo de verdad y justicia con una lógica mayor, una lógica de justicia transicional, una lógica que sobrepasa al Estado, porque el Estado ya es incapaz de juzgar los fenómenos del pasado y los fenómenos del presente”, dice el poeta.
Sicilia va más allá en su argumentación y precisa: “Nosotros estamos aprovechando junto con otras organizaciones para decirle ‘Andrés Manuel, el sentido profundo de la pregunta son tus compromisos establecidos con las víctimas (siendo presidente electo) y el trabajo que se desarrolló sobre la justicia transicional con la Secretaría de Gobernación, pactos que traicionaste’”.
En el mismo sentido se pronuncian otras voces, como la del senador de la República sin partido político y expresidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Emilio Álvarez Icaza Longoria, quien sostiene que la consulta es una simulación y que la justicia debe aplicarse.
