Al menos 28 municipios de Oaxaca han determinado cerrar accesos y salidas a sus comunidades como medidas extremas para evitar la propagación del contagio del COVID-19. Los casos documentados por la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO), contemplan a San Lorenzo Albarradas, población que determinó prohibir la entrada al paraje turístico Hierve el Agua.
Otra localidad es Capulálpam de Méndez, que además del cierre de accesos estableció toque de queda.
De igual manera lo hizo Villa Alta, misma que este jueves, de acuerdo con denuncia del personal médico y de enfermería que trabaja en la localidad, al restringir el libre tránsito quedaron retenidos.
En Santiago Astata la población acordó el cierre de playas y sus agencias.
En San Dionisio del Mar cerraron el acceso principal a la población.
En Valle Nacional prohibieron el acceso a zonas ecoturísticas de San Mateo Yetla.
Lo mismo restringieron el acceso en Cerro Marín, Rancho Grande, Nuevo Palantla en la Cuenca.
San Juan Mixtepec, San Antonino Monteverde, Santa María Camotlán, Asunción Nochixtlán, Santa María Colotepec, Santa María Huatulco, Tonameca, San Mateo Piñas, San Miguel Puerto, La merced del Potrero, Santiago Pinotepa Nacional, Playas de Puerto Escondido, Zicatela se unieron con las medidas de restricción.
Además las playas de Huatulco, Zipolite en Pochutla, de igual manera San Pedro Mixtepec, Villa de Zachila, Magdalena Apasco Etla, San Andrés Huayapam, Tlalixtac de Cabrera.
Respeto a derechos humanos
El titular de la DDHPO, Bernardo Rodríguez Alamilla indicó que, si bien las comunidades que se rigen por sistemas normativos indígenas tienen el derecho a decidir en asamblea comunitaria sobre la vida interna, estas acciones deben respetar los derechos humanos.
“Estas acciones tienen un límite y éste es el de los derechos humanos. Respetamos sus facultades, pero pedimos que en ese decidir no se violenten derechos humanos y que dichas acciones estén sustentadas en criterios científicos, que sean respetuosas de la dignidad humana, no arbitrarias ni discriminatorias”, destacó.
Agregó que en contextos de crisis la población suele entrar en pánico y en función de ello tomar decisiones radicales, sin embargo, no se debe de perder de vista los criterios técnicos establecidos por las autoridades para no caer en arbitrariedades y situaciones discriminatorias, incluso colocarse en riesgo.
“Estos espacios geográficos o territorios de alguna manera se pueden poner en riesgo otros derechos como el de libre tránsito, a la alimentación y el derecho a la salud, pues al restringirse el libre tránsito puede ser que no lleguen medicamentos o bien que una ambulancia en el trayecto de una comunidad a otra, si se encuentra cerrado este espacio geográfico probablemente va a llegar tarde a ofrecer un servicio y podría llegar a ser contraproducente”, destacó.
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